Fuentes judiciales informaron que el magistrado dio por cerrada la investigación y dispuso que Belliboni y otras 17 personas pasen a la etapa de juicio oral por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión.
Resta sortear el Tribunal Oral Federal de Comodoro Py que intervendrá en el caso.
Belliboni será juzgado por delitos que se habrían cometido entre junio de 2002 y marzo de 2024, cuando, según la acusación fiscal, «habrían montado una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica».
De manera paralela, se los acusa de defraudación al Estado a raíz de presentar facturas falsas para justificar el desvío de fondos públicos destinados a esos programas, por unos 50 millones de pesos.
La investigación se abrió a fines de 2023 cuando el Gobierno de Javier Milei habilitó un número telefónico, el 134, para recibir denuncias anónimas de beneficiarios de planes sociales en relación a si eran obligados a entregar parte de lo que percibían o a concurrir a marchas o piquetes.
La Justicia determinó que el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor recibieron 361.087.500 pesos, para aplicar a los proyectos productivos, laborales y comunitarios pero “una importante parte de estos fueron administrados indebidamente».
